El futuro judicial del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, podría definirse este martes 28 de julio, cuando el 13° Juzgado de Garantía de Santiago resuelva si concede el sobreseimiento definitivo de las causas que mantiene pendientes en Chile. La decisión, que debía conocerse el viernes, fue postergada por la magistrada debido a la complejidad del caso y la gran cantidad de antecedentes acumulados en más de una década de investigación. La defensa de Jadue sostiene que han transcurrido más de diez años desde la comisión del último delito que se le atribuye, ocurrido presuntamente en mayo de 2016, por lo que la acción penal habría prescrito. Sin embargo, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII) discrepan: según la Fiscalía, el plazo debe contarse desde la formalización en ausencia del 26 de enero de 2017, lo que extendería la prescripción hasta enero de 2027. Dos académicos en Derecho Penal, Juan Carlos Manríquez y Agustín Walker, respaldan la postura de la defensa. Manríquez argumenta que el artículo 95 del Código Penal no exige declaración de rebeldía para iniciar el cómputo, y que con la suspensión de tres años, el plazo ya se habría cumplido en julio de 2026. Walker coincide: si las penas previstas son inferiores a cinco años, las acciones penales estarían prescritas. Será el tribunal el que determine cuál interpretación prevalece. El fallo no solo definirá la situación judicial de Jadue, sino que también sentará un precedente sobre la aplicación de la prescripción en casos de alta complejidad y larga duración.
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